Juez ordena aprehensión de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

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Juez ordenó aprehensión a Inés Gómez Mont, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, el ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y nueve personas más que son presuntos responsables del desvío de dinero.

inés gómez mont
Imagen: Instagram

Juez  ordenó detener a la conductora Inés Gómez Mont, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y nueve personas más que se encuentran implicadas en el  caso presunto desvío de recursos públicos y lavado de dinero.

Fuentes federales confirmaron que el juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Dentro de las personas que se encuentran implicadas en el caso se encuentra el  ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán, Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por mencionar algunos.

Además del matrimonio,  funcionarios públicos son investigados por el desvío de recursos públicos. De acuerdo con la  FGR señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras, mismas que estaban supuestamente vinculadas a Víctor Álvarez Puga, y a su vez, el dinero  provenía de dos contratos con el OADPRS.

De acuerdo con la investigación, los contratos que se otorgaron,  fueron para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, los cuales supuestamente se usarían para penales federales.

En cuanto al otro contrato, era para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.

Otro de  los exfuncionarios que la FGR busca detener es Paulo Uribe, el cual ya cuenta con citatorio para presentarse a su audiencia, aunque se le investiga por otro caso. Su cita será el 18 de octubre.

En el caso de Uribe, la  FGR buscará imputar el pago de 62 mil millones de pesos por otorgar contratos multianuales, esto durante la administración de Genaro García Luna, cuando se encontraba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los contratos millonarios fueron entregados a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, los cuales se encargarían de la construcción de un penal privado, el cual contaría con una capacidad para 20 mil internos.

 

¿Qué delitos cometieron Inés Gómez Mont y su esposo?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los delitos por los que son perseguidos Gómez Mont y Álvarez Puga son: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en el cual se encuentran presuntamente implícitas otras diez personas, que ocupaban cargos públicos.

Los ex servidores públicos supuestamente implicados son: Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS,  Jesús Gabriel Pérez, ex director general de Desarrollo Tecnológico, Emmanuel Castillo Ruiz, ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS; Héctor Oswaldo Zorrilla y Yareli Eunice Delgado.

Aunque también se ordenó la aprehensión de Paulo Uribe Arriaga, ex director General de Administración, así como de José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras.

Otro de los exfuncionarios que es buscado en estos momentos es Eduardo Guerrero Durán, el cual también fue responsable de los centros penitenciarios  del estado de Chihuahua.

La FGR ha indicado que través de empresas factureras, las cuales se encontraban bajo el dominio de Álvarez Puga se desviaron los 3 mil millones de pesos, gracias a contratos millonarios con los que se equiparían a penales federales.

 

 

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