Caso Odebrecht, Lozoya busca nueva prórroga para quedar en libertad

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Emilio Lozoya deberá comparecer ante un juez el próximo viernes 27 de agosto; el exdirector de Pemex buscará una prórroga para permanecer en libertad

Es el cuarto aplazamiento que solicita el exdirector de Pemex, en su intento por cerrar un acuerdo con la FGR que le permita no ir a juicio y permanecer en libertad.

FOTO: EMILIANO RUVAL / CUARTOSCURO.COM
Aunque por el momento, todavía no existe una sentencia a Lozoya por el caso, por lo cual deberá comparecer primero para conocer cómo podrá reparar el daño.
Emilio ofreció a Pemex entregar la residencia que posee en el sur de Ciudad de México, valuada en 30 millones de pesos pero la empresa considero que no era suficiente.
A Lozoya ya se le habían concedido tres prórrogas anteriormente; la última caducó en julio pasado, sin embargo, ahora se buscará poder extenderla hasta mes de octubre o noviembre, y lo cual le permitirá  no ir a juicio y permanecer en libertad.
Y aunque todavía no se sabe si esta será concedida, por el momento Lozoya deberá comparecer el próximo viernes 27 de agosto para debatir el asunto y conocer si se le otorgará o no. En caso de no ser así,  la FGR deberá decidir si presenta  la acusación formal en contra del exdirector de Pemex.

¿Por qué se persigue a Lozoya?

Emilio Lozoya fue acusado por desvío de dinero, de hasta 83 millones de pesos a través de una universidad, esto se dio a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además se le acusa de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita tanto de caso Odebrecht y otras con relación a la compra-venta de la Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA). Todo esto mientras desempeñó su cargo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2012 a 2016.

El caso Odebrecht, el cual ocurrió durante el sexenio de Peña Nieto, en el cual están involucrados funcionarios públicos por la supuesta entrega de sobornos, los cuales superaron los 4 mil 200 millones de pesos, cifras dadas a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.

Fraude que hasta la fecha no ha tenido ningún detenido a pesar de haber pasado ya cinco años, e incluso algunos funcionarios continúan en sus puestos públicos.

 

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