Luego de ser empujado durante una manifestación pacífica por el propio Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el profesor de primaria Fernando padilla Vázquez aseveró que teme por su vida, responsabilizando al Gobierno del estado de lo que le pudiera pasar e incluso le pidió apoyó al presidente.
Este jueves Ignacio Mendoza Jiménez, abogado del profesor, interpuso una denuncia contra el gobernador de Michoacán, por abuso de autoridad; asimismo, en la acusación se incluyó al Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís e Israel Patrón Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Fue el pasado 13 de abril cuando el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, reacción a una agresión contra el profesor tras acudir a Aguililla para dar seguimiento al tema de inseguridad por el cual se manifestaban, así como para pedirle al mandatario que llegará a la región por carretera y no en helicóptero.
Sin embargo, al verse confrontado, el ejecutivo estatal reaccionó con una agresión de clara intolerancia al punto de empujar a uno de los manifestantes, el profesor Fernando Padilla Vázquez, quien tenía alzados los brazos y mostraba dos cartulinas con mensajes.
“Temo por mi integridad física y hago responsable al Gobierno del estado y a su gabinete, porque ya vino una vez con su actitud y cobardía de humillar al pueblo de Aguililla con su abuso de autoridad”, aseguró el profesor en entrevista telefónica con el medio SinEmbargo.
“Yo lo que quiero es tener seguridad. Le pido al Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que me brinde protección, porque ya ve cómo se la gastan los gobiernos”, agregó.
Además de vivir en la inseguridad, el docente señaló que hay una situación de retención de pago, algo que en 20 años de servicio nunca había pasado, por lo que planteó que esta podría ser una represalia por manifestarse.
Cabe señalar que el municipio de Aguililla es ahora inaccesible por la lucha entre cárteles que pretenden tomar el territorio, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos, la cual ha dejado al menos ocho personas decapitadas y varias denuncias por la nula respuesta de las autoridades en la región.
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